Terrorismo de Estado

PERU. EL HORROR ESTA DE VUELTA

Gustavo Espinoza M.Del Colectivo de Nuestra Bandera / www.nuestra-bandera.com (Peru)

A lo largo del siglo XX el Perú vivió episodios de violencia en los que el Estado martirizó al pueblo y actuó abiertamente como instrumento de terror y muerte.

Bastaría recordar la Masacre de Malpaso, en noviembre de 1930, cuando la sangre obrera regó nuestra serranía alzada; o el fusilamiento de los 8 marineros del Callao, acusados de sublevarse contra la dictadura de entonces; o la matanza de Chan Chan -julio de 1932-; o los campos de concentración de la selva, cuando Samanez Ocampo; o las persecuciones bajo el Odriato.

Fueron episodios de una etapa irracional y correspondieron a un tiempo que Federico More calificó como “zoocracia y canibalismo”. Hoy, yacen en la memoria de la gente como vieja leyenda de un pasado vencido.

Pero fue en las dos últimas décadas del siglo XX, cuando en el Perú se entronizó realmente una dictadura brutal en la que el Terrorismo de Estado se convirtió en doctrina y práctica. Ella correspondió a la imposición de un modelo neoliberal, y ambos asomaron como las dos pinzas de una misma tenaza recomendada por el tristemente célebre Documento de Santa Fe, en los años de Ronald Reagan.

En nuestro caso, el intento de imponer un sistema de explotación extremo, se sumó al irrefrenable deseo de la clase dominante de castigar al pueblo alzado en los años de la experiencia velasquista (1968-75), y asegurar definitivamente que ella jamás se repitiera. Había no solamente que “depurar” a la institución castrense, sino también fascistizarla, asegurando que todos sus integrantes se mancharan las manos con sangre de poblaciones indefensas.

Fueron esos los factores que generaron el clima que dejó en el Perú una estela siniestra, además de una política de saqueo y pillaje de las arcas nacionales y el patrimonio del Perú por parte de una banda delictiva que hoy se conoce con el nombre de “La Mafia” fujimorista, que co - gobierna a la sombra del Partido Aprista Peruano (APRA).

En esos años se institucionalizaron los métodos más perversos de represión: ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de la libertad, habilitación de centros clandestinos de reclusión, desaparición forzada de personas, y el uso de la tortura como práctica sistemática contra los detenidos. En otros países de América, fueron los años de la Operación Cóndor.

Para que esta política fuera admitida como “natural”, “comprensible” y “razonable” por la sociedad peruana y la comunidad externa, resultaba preciso crear la imagen de un clima de desgobierno absoluto, y la amenaza de un colapso inminente del país en riesgo de caer en manos de una estructura terrorista. “Sendero Luminoso” y su líder clandestino se pintaron de cuerpo entero para tal efecto.

Así, ocurrieron en el vasto territorio nacional miles de actos terroristas que fueron añadidos a la lista de “crímenes senderistas”. Sirvieron para explicar por qué se necesitaba “mano dura” y guerra sucia.
La estela de ella, aunque pálidamente, fue recogida por el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación que se presentara en agosto de 2003. Se supo así que el 40% de las víctimas de la violencia se vieron privadas de la vida en el departamento de Ayacucho, y casi el 85% en el denominado Trapecio Andino, que alberga a los cinco departamentos más pobres. El 52% de los afectados vivía en zonas rurales y el 75% eran quechua-hablantes, el 60% menores de 25 años y el 65%, mujeres.

Lo que se había producido era entonces una guerra de exterminio -en otros confines, a eso se le llamó “limpieza étnica”- de la que fue víctima una población indefensa.

Grave resulta que hoy los autores de estos crímenes no sean juzgados ni condenados. Algunos tienen procesos pendientes, pero sus causas pueden interrumpirse porque ahora pululan proyectos que otorgan “amnistía” o “indulto” a quienes actuaron “en defensa del Estado en los años de lucha contra el terrorismo”. Es decir, todos, desde los asesinos de Putis, hasta los que mataron en Soccos, Accomarca, Llocllapampa, Umao, Bellavista, Cayara, El Frontón, Los Molinos, Barrios Altos o La Cantuta; los que torturaron, atormentaron o asesinaron a millares de peruanos y -de paso- se robaron lo que encontraron en el camino, por lo que disfrutan de cuentas depositadas en el exterior, no detectadas, ni intervenidas.

Pero si todo esto es muy grave, lo es aún más el saber que esta historia macabra está a punto de repetirse. Comenzaron ya los mismos “atentados terroristas” atribuidos a Sendero, se reanudaron los discursos oficiales sobre el “inminente peligro” que se cierne sobre la República y aparecieron proyectos de ley para “ilegalizar” y “reprimir” las “actividades subversivas”,

Vuelve, entonces, la zoocracia y el canibalismo, alentada por los años de aprendizaje de la guerra sucia en los que las garras del Cóndor irradiaban nuestro suelo.