Por Hernán Viudes (Cetedo)

El bicentenario de la Argentina agro-exportadora

Por Hernán Viudes (Cetedo)

Las fracciones dominantes se encolumnaron detrás de la hegemonía de la Sociedad Rural y sus aliados de la Mesa de Enlace; las implicaciones de su proyecto político-económico.

Los distintos sectores que quieren vaciar de poder al gobierno nacional, proceso que se inició con el desabastecimiento que las corporaciones de la Mesa de Enlace hicieron el año pasado para defender los beneficios extraordinarios de la renta diferencial de la tierra, se encolumnaron detrás del “proyecto del campo”. Cada uno de los representantes de los distintos sectores dominantes pujan por un mayor rédito propio, pero asumieron que la burguesía rural es la que conduce a la oposición. Según el historiador León Pomer, “la burguesía agraria de la Pampa Húmeda es la que tomó la iniciativa. Y está contra un gobierno que no es de su agrado por varios motivos, fundamentalmente porque ha fortalecido el Estado y ha regulado lo que antes estaba liberado al mercado”. Así, parecen ya definidos los roles tácticos que cada uno debe jugar en pro del plan estratégico que tiene objetivos de mínima, dificultar al máximo las políticas progresistas, y de máxima, la desestabilización de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Una porción de la opinión pública se sorprendió por ciertas declaraciones de diferentes representantes de las corporaciones económicas, mediáticas y de la oposición política cuando expusieron cruda y sinceramente sus deseos; simplemente hay que recordar al “periodista” Mariano Grondona y a Hugo Luis Biolcati de la Sociedad Rural riéndose mientras aseguraban por televisión que Cristina no iba a terminar su mandato y que “para eso había alguien llamado (Julio Cleto) Cobos. Si una declaración pública de esta envergadura es grave, más lo es que provenga de dos personajes golpistas que apoyaron fervientemente las dictaduras militares. El primero como escriba, y el segundo por su rol de presidente de la Sociedad Rural Argentina (S.R.A.) que ocupó cargos públicos desde el ´76, como la Secretaría de Agricultura. Es por eso que no llama la atención que el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, se haya emocionado con "(José) Martínez de Hoz (porque le) merece el mayor de los respetos". Sólo hay que recordar la solicitada firmada por la S.R.A. cuando se cumplía un año del Golpe de Estado para entender porqué están sentados en la misma mesa: “La Sociedad Rural Argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de Marzo de 1976”; o los insultos a los líderes populares, colmo la calificación de prostituta a Evita. ¿Cómo se entiende que conviva con ellos la Federación Agraria (F.A.), que en otros tiempos supo defender políticas progresistas? El historiador León Pomer, especialista en historia argentina y latinoamericana, explica para Cetedo cómo fue la mutación de la agrupación conducida por Eduardo Buzzi. “La F.A. está compuesta por arrendatarios que no trabajan directamente la tierra; arrendamientos que le permiten vivir muy bien, con campos, sobre todo en la Pampa Húmeda, que valen de 10 a 14 mil dólares la hectárea. Esto hace que una persona que tiene 100 hectáreas, y que antes era un pobre chacarero, hoy sea un millonario en dólares”. Ante un mismo proceso histórico, dos visiones antagónicas: el mismo 25 de marzo del ´77, cuando Rodolfo Walsh desaparecía por denunciar en una carta las atrocidades económicas y las violaciones a los derechos humanos que la dictadura cívico-militar llevaba adelante, la S.R.A. le hacía propaganda con una solicitada e incentivaba a las fuerzas Armadas a ir por más. Es claro que hay un campo popular y otro anti-popular. Éstos son quienes conformaron la pata “cívica” que le dio sustento, legitimidad y muchos funcionarios al Terrorismo de Estado.

De todas maneras, lo más preocupante es el proyecto de país que tienen y que la Mesa de Enlace hizo pública en la última exposición rural. Allí, además de presentarse como los “garantes de la transición al 2011”, -lo que presupone que el actual gobierno ya haya caído- defendieron la vuelta al modelo Agro-exportador de acumulación, esto es, la política macroeconómica que se diagramó en Argentina desde 1852 y se aplicó, aproximadamente, de 1880 a 1930. Durante ese período “fundacional de la patria”, se requirió de un régimen político capaz de implementar ese modelo pensado al servicio de las elites terratenientes y vinculadas al comercio exterior. El “gobierno de pocos” que representaba el régimen oligárquico conservador conducía así un modelo económico que los beneficiaba. La filosofía positivista imperante en esa época justificaba que el gobierno oligárquico fuera para “los mejores, los privilegiados que habían recibido educación en Europa” ya que eran los “más aptos” para la “paz y la administración”; o el “Orden –matanza de indígenas- y progreso –técnico al servicio de la exportación de materias primas-”. No es casualidad que Biolcati haya hecho referencia más de 10 veces a “esa (su) patria”: “Cuando el campo dice patria está imaginando ser el protagonista de un proyecto agroindustrial (…) Piensa con nostalgia en aquel magnífico granero del mundo capaz de alimentar a la humanidad entera.” Estas frases naturalizadas por los la historia oficial a veces ocultan ciertos datos que reflejan la realidad de cómo vivía la mayoría de la población a fines del siglo XIX y principios del XX. “Esa patria que el campo imagina y a la que quiere volver” la describió Juan Bialet Massé en su “Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República” encargado por el ministro del Interior del presidente Julio A. Roca, Joaquín V. González; esto es, un gobierno oligárquico-conservador en pleno auge del modelo agro-exportador. De allí se desprenden las condiciones de vida de los trabajadores; el granero del mundo no le daba de comer a los argentinos:

• Jornada promedio de 10 horas y que llegaba hasta las 12 o 14 horas
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• No existían períodos de vacaciones, licencias, ni la consideración de los días feriados, y se les descontaba el día si faltaban por enfermedad.

• No había indemnización y en cualquier momento el trabajador podía ser despedido.


• Los obreros estaban hacinados en los conventillos y las fábricas y talleres no reunían las mínimas condiciones de seguridad e higiene.

• Los salarios eran muy bajos. Mujeres y niños desde los 6 y 7 años trabajaban en condiciones similares a los hombres pero recibiendo siempre un jornal menor.

A lo que hay que agregarle los datos que el diputado nacional Antonio V. Obligado había presentado en 1896, durante la presidencia también conservadora del doctor José Evaristo Uriburu.

• Buenos Aires contaba con un porcentaje de un 63 % de vagancia infantil.

• Un 33 % de menores condenados con penas de cárcel y un 34 % de los jóvenes sufría de alcoholismo.

• El 59 % de los nacimientos en la ciudad correspondían a menores solteras.

• En los prostíbulos de Buenos Aires, un 75 % de las trabajadoras eran menores de edad.

• El 16.14 % del total de suicidas correspondía a jóvenes de 16 y a 20 años.



A menos de un año de cumplirse el bicentenario de la Revolución de Mayo, el proyecto opositor es retroceder 100 años en la historia. El historiador León Pomer describe de qué hablan estos sectores cuando proyectan “su país” y de la crudeza del estudio Bialet Massé: “Es el testimonio más fehaciente, hecho con una gran honestidad intelectual, de la miseria y las humillaciones. Martínez de Hoz, cuando fue ministro de Economía de la dictadura, dijo que la Argentina no da para más que 15 millones de habitantes. Es decir, un país con 2.700.000 millones de km. cuadrados.... Y él tenía razón porque veía una Argentina sin industrias, porque con industrias no sólo que da para 40 millones sino que alcanza para 120 millones de habitantes. Pero un país con el mínimo de industrias para acompañar el proceso de producción y exportación no da para más de 15 millones de personas; el resto sobra. Una Argentina chica en la cual la burguesía rural ha puesto al conjunto de la nación a su entero servicio.” ¿Será por eso que el ex ministro de Economía de la dictadura le genera a Llambías “el mayor de los respetos”?


Las fracciones dominantes subordinadas a la burguesía rural

A la hegemonía del campo y la agroindustria, se le suman otros actores que encuentran empatía en su proyecto político-económico y en sus preceptos morales. La jerarquía eclesiástica que confesaba a los genocidas y bendecía su accionar, ahora “descubrió” que hay pobreza en el país, como si se hubiera generado a partir del 2003. Para eso no dudó en mentir; sí, pecó para responsabilizar al gobierno tergiversando la fecha en que el Papa había hecho referencia a la pobreza. Es que no le agradan ciertas políticas públicas, como la educación sexual en las escuelas, el cuidado de la salud pública con el incentivo al uso de preservativos y el debate por la legalización del aborto, o el tratamiento de los consumidores de drogas blandas como lo que son: enfermos a tratar y no delincuentes a judicializar.

Qué mejor que sembrar miedo para erosionar el poder político del oficialismo. Durante toda la campaña electoral, de unas elecciones que supuestamente iban a ser “fraudulentas” (“hay fraude en Argentina: no tenemos República”), los “opinólogos” aportaron un conjunto de frases, hoy todas ellas comprobadamente falsas. Por supuesto que ni los “especialistas” ni los medios que las difundieron asumieron los errores, a saber: después del 28 de junio se venía una gran devaluación, el default y una catarata de estatizaciones generalizadas. Muchos de quienes dijeron este tipo de infamias, ahora se reunieron en el grupo Aurora, un conjunto de “intelectuales” liberales (como el escritor Marcos Aguinis, el constitucionalista Daniel Sabsay o el historiador Félix Luna), que tampoco coinciden con la unidad latinoamericana: “es esencial producir un cambio en nuestras relaciones internacionales”. Aunque sí, claro, con el proyecto “del campo” que, dicen, “pretende recuperar las mejores tradiciones enraizadas en el pasado republicano”. Todo es válido para desacreditar a la Presidenta, desde una fuerte discriminación por su condición mujer a la descalificación a su investidura, pasando por el cuestionamiento a sus acciones más comprometidas y que son inéditas para la América Latina: la defensa de la democracia ante un nuevo golpe de Estado. Cuando viajó a Centroamérica para apoyar al presidente de Honduras, Maunel Zelaya, Mirtha Legrand, Mauricio Macri, Francisco De Narváez y Gabriela Michetti prefirieron burlarse: “¿Y a mí qué me importa Honduras?”

Por su parte la Unión Industrial Argentina (U.I.A.), que no se cansó de reclamar una devaluación, (que implicaría una gran transferencia de ingresos de los sectores populares a los poderosos) se sumó al cuestionamiento al proceso de integración latinoamericana y a las relaciones internacionales, quizás uno de los aspectos más positivos del gobierno. “La U.I.A. reitera la necesidad de suspender la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR.” Claro que por estos días, cuando los industriales sellaron una serie importantes de negocios a expensas del encuentro de Cristina con Hugo Chávez, no se escucharon nuevas manifestaciones. Situación contradictoria que se entiende a partir de la subordinación de los industriales a la corporación agroindustrial y a las políticas que este sector quiere que se vuelvan a aplicar: “La fracción subordinada es la burguesía industrial representada por la U.I.A. que, como suele suceder, está escupiendo su propio asado: si acepta las desregulaciones, los ajustes y la vuelta al Fondo Monetario Internacional, va a disminuir la importancia del mercado interno para la colocación de sus productos y va a traer una gran desocupación. Acompañado por una masa considerada de clase media desorientada, o mejor dicho, orientada por la más formidable artillería pesada que tiene la gran burguesía, que son los medios de comunicación.”

Por su parte, el sector financiero no le perdona al gobierno que haya recuperado el dinero de los trabajadores del que se había apropiado con las AFJP durante el gobierno de Carlos Menem, cuando esta fracción de la burguesía era la hegemónica.

Por último, están las corporaciones mediáticas, que no sólo enfrentan el proyecto de ley de Medios Audiovisuales (otro legado de la dictadura, defendido por políticos como Elisa Carrió o Gerardo Morales: "no tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos”); sino la recuperación de las transmisiones de fútbol para toda la gente. Éste es un gigantesco negocio, difícil de cuantificar con exactitud dada la cantidad de aristas que tenía el monopolio con el cual el Grupo Clarín ganaba dinero. Aunque las estimaciones de los ingresos suman miles de millones de pesos anuales, los clubes recibían solamente 212 millones, el resto se lo quedaban las distintas empresas del Grupo. Pero allí no termina la estafa, ya que las instituciones tampoco cobraban nada por los otros ingresos que el negocio traía aparejado, como la venta del producto fútbol argentino al exterior. El multimedio dejará de beneficiarse con los excesos que su rol monopólico le traía aparejado: ¿cuántos abonados a la televisión por cable pueden llegar a “borrarse” o dejar de pagar “los codificados” porque no van a ser necesarios para ver los partidos? Y no termina aquí: como el contrato era hasta el 2014, lo que el monopolio pierde de ganar se multiplica por cinco. Por eso Clarín, con integraciones monopólicas horizontal (varios canales, varias radios) y vertical (desde la producción de contenidos por TyC, a la difusión por TyC Sports, pasando por la comercialización nacional e internacional con Tele Red Imagen S.A. (TRISA)) utilizó sus programas y diarios para que sus “periodistas” – lobbistas- siembren miedo con “informaciones” tan ridículas como groseras. Mariano Closs, por ejemplo, luego de asustar a los hinchas diciendo que las instituciones van a sufrir juicios millonarios, se preguntó por la radio de Francisco De Narváez (La Red) “adónde se van a meter los bonos que el Estado les va a dar.” ¿Qué fuente le habrá informado que los clubes van a cobrar en bonos y no con efectivo? Quizás sea la del presidente de la empresa de la cual es empleado, TyC, Marcelo Bombau. El negocio se torna incalculable si se considera que en el interior del país Cablevisión y Multicanal y los otros operadores de cable propiedad de Clarín, perderán la “venta monopólica que tenían estas señales”; antes acaparaban todo el mercado del país porque eran los únicos que contaban con el fútbol y otros empresas no podían competir si no le compraban los derechos de transmisión. Simplemente a modo de ejemplo: Fútbol de Primera, que en Capital y Gran Buenos Aires se veía por Canal 13, en el interior se reproducía por la señal de TyC Sports. ¿Por qué un argentino debe pagar más de $100 mensuales por lo que otro de Capital y Gran Bs. As. disfruta en forma gratuita? Una vez que Clarín, sus socios y “sus” comunicadores comprobaron que habían perdido el control de la pelota, emitieron sus opiniones –espacios en los medios no les falta- del más bajo sentido común: el Estado va a usar la plata de los jubilados, de la salud y la educación para financiar al fútbol. Marcelo Palacios, otro portavoz de la corporación mediática deportiva, aseguró que “ese aumento le va a llegar a la gente en las boletas de luz y gas”. ¿No será que el gigantesco negocio del fútbol, más que pérdidas, arroja ganancias? Por más que el diario Clarín haya tergiversado la información asegurando que “el gobierno financiará al fútbol”, la presidenta Cristina Fernández se encargó explícitamente de aclararlo: "Esa misma comercialización del producto es lo que garantiza el pago del mismo y va a exceder el contrato. En lo que exceda el 50 por ciento será para la AFA y el otro 50 se destinará a la promoción del deporte olímpico". Si no es así, quienes en los ´90 privatizaron todas las empresas del Estado porque daban pérdidas, podrían ahora proponer la privatización de otros juegos, como el casino o la lotería nacional.

En síntesis, todos estos actores tienen en común un objetivo: la desestabilización de una Presidenta, limitar las reformas que su gobierno implementa y alinearse en un nuevo (viejo) modelo de país, el agro-exportador. Para ello cuenta con portavoces políticos que eligen las metáforas exactas para sembrar dudas, con el tono típico de los pueblos del interior; Eduardo Duhalde amenazó: "Este gobierno, como las botellas de leche, tiene fecha de vencimiento, que es diciembre de 2011", (aunque podría ocurrirle como) "algunos productos, que se echan a perder antes".