Derechos Humanos

García Perez no quiere saber nada con la memoria

Gustavo Espinoza M.Del Colectivo de Nuestra Bandera / www.nuestra-bandera.com (Cetedo - Peru)

Por Gustavo Espinoza
El Presidente Alan García acaba de rechazar una ayuda ofertada por Alemania para construir en el Perú un Museo de la Memoria, que ayude a todos a recordar los nefastos años de la violencia que costaran la vida a casi 70 mil, personas, y cuya secuela se sufre aún en nuestro tiempo.

Evidentemente el Presidente peruano no quiere saber con la memoria, ni con el recuerdo porque él mismo tiene un pasado luctuoso que lo compromete severamente. Quisiera, entonces, no sólo olvidarse del tema, sino también que los demás lo borren definitivamente de su recuerdo para que nadie le enrostre lo ocurrido.

Uno de los casos más sonados ocurridos en su primera etapa de gestión gubernativa, entre 1985 y 1990, fue el de Accomarca. García alude que eso fue apenas iniciado su primer mandato presidencial, y eso no le permitió tomar nota del hecho ni actuar para evitarlo. Se vio sorprendido por el accionar inopinado de patrullas militares que actuaron fuera de control. Bien vale la pena que recordemos evocando un trabajo que hice en torno a la materia. Nos ayudará a para juzgar mejor lo ocurrido.
Los sucesos de Accomarca comenzaron efectivamente el 14 de agosto de 1985, pero se prolongaron por casi un mes. El 9 de septiembre, fueron registradas acciones militares contra la población indefensa. Pudo haber ocurrido que el Jefe del Estado fuera sorprendido en un comienzo, cuando estallaron los hechos, pero ¿cómo se explica que ellos continuaran despiadadamente sin que nadie hiciera nada por detenerlos, y que en ese lapso fueran muertas otras personas, incineradas aldeas, robado ganado y precarias pertenencias de los campesinos?

Pero hay más: los crímenes que ocurrieron en esa circunstancia -todos- fueron ocultados al país. 69 personas, - incluidos niños, mujeres y ancianos- fueron asesinados y en casos concretos quemados vivos: los metieron a la fuerza en una choza, y les lanzaron bombas incendiarias después hasta hacerlos morir por efecto del fuego. Pero las autoridades no solamente no castigaron el hecho, sino que ni siquiera lo denunciaron. Ni lo informaron al país. Prefirieron guardar silencio con la esperanza que éste les sería finalmente rentable. Confiaron en que jamás se sabría lo ocurrido, porque habían eliminado a todos, incluidos los que -ellos creían- eran “los únicos testigos” de esa conducta horrenda.

Sucedió, sin embargo que algunos pobladores angustiados lograron huir del escenario del crimen para refugiarse en inhóspitas regiones andinas, y llegar a parlamentarios de la oposición de entonces. Eso permitió hacer luz en la materia. El diputado Jorge Tincopa Calle visitó la zona, ubicó las tumbas de los muertos y denunció el hecho. Si tal cosa no hubiera ocurrido, simplemente el crimen hubiese permanecido oculto. Eso se quería.

Autores materiales de esa masacre, que abarcó los predios de Accomarca, Pucayacu y Llocllapampa, fueron oficiales del ejército; pero los operativos fueron ordenados por la Jefatura de la Fuerza Armada que operaba entonces en el cuartel Los Cabitos, de la ciudad de Huamanga. Por eso, a la hora de las indagaciones saltaron los nombres de Sinesio Jarama, Enrico Praeli y Wilfredo Mori, Jefe Político Militar de la Zona de Emergencia éste último. Varios de ellos fueron retirados de su función al ser puesta en evidencia su responsabilidad, pero ninguno fue sometido a la justicia ordinaria. Ninguno compareció, ni fue juzgado, ni condenado.

La impunidad campeó en esa circunstancia y se prolongó durante los cinco años de García en los que, además, se alimentó la capacidad operativa de los destacamentos punitivos de la zona, lo que dio lugar a otras acciones: Umaru, Bellavista, Parcco. Pomatambo, Puccas y otras, fueron posibles porque sus autores sabían que nada habría de ocurrirles. En esos predios ubicados en los contrafuertes andinos, y virtualmente alejados de la civilización, actuaron con entera libertad las tropas del ejército causando enormes bajas a la población civil. En todos los casos, sus acciones fueron atribuidas a Sendero Luminoso, que calló siempre ante el infundio.

Nada les ocurrió, en efecto, a los autores intelectuales del crimen, pero ¿a los autores materiales? Tampoco. Thelmo Hurtado –el subteniente que comandaba la columna punitiva, tuvo un mal rato porque debió comparecer ante una Comisión Parlamentaria, pero después se libró de todo. Cuando fue juzgado en el fuero castrense se le sancionó por “desacato a la autoridad” y por “abuso”. Nadie la había ordenado matar, ni menos hacerlo de manera brutal ¿verdad? Ya eso, fue su propia iniciativa. Pero después Hurtado volvió a la cancha. Siguió en la institución armada todos los años de García, e incluso ascendió impunemente hasta que fue, finalmente, descubierto y pasado a retiro en un gesto administrativo, y nada más. ¿Nadie es responsable de que eso haya ocurrido así? El Presidente de entonces ¿pudo no haber tenido culpa alguna en estos hechos?

El mandatario aprista se valió de sus altas funciones en la estructura del Estado para encubrir los hechos y proteger a los autores materiales e intelectuales de los mismos. ¿No debió informar a la justicia en ese entonces? ¿No debe dar cuenta de ello ahora? Claro que sí. Lo que ocurre es que no es sólo Alan García el implicado. También otros hoy en retiro, pero también en actividad. En la zona operó, en efecto, una columna militar apodada Lince, que estuvo a cargo del general Williams Zapata. Este oficial no quedó allí. Sus acciones depredadoras fueron denunciadas, pero nunca castigadas Después, ya bajo el fujimorismo, fue Jefe del Batallón Chavín de Huántar, y se coronó en esa clase de acciones el 22 de abril del 97, cuando “recuperó” la sede de la residencia nipona en manos del MRTA. Solo que la secuela, fue la muerte de todos los muchachos -dos mujeres, una de ellas en estado de gestación- que con Cerpa Cartolín atacaron cuatro meses antes ese lugar.

Cuando recientemente se dio a conocer el Informe de los Médicos Forenses que acreditaba el hecho que los jóvenes activistas del MRTA habían sido víctimas de una ejecución extra judicial luego de recuperada la residencia nipona; y se pretendió por ello reabrir el caso, toda la prensa mafiosa y los políticos a su servicio -incluyendo el propio Alan García, claro- se desgañitaron defendiendo “el heroísmo” de los integrantes de Chapín de Huántar y el de su Jefe, el Comandante Zapata. Por eso puede asegurarse que fue la fama acumulada por él, lo que dio lugar a que se le convocara “de urgencia” para dirigir las recientes acciones miliares en Andahuaylas contra Antauro Humala y sus seguidores; y donde, felizmente, no tuvo ocasión de operar en toda su dimensión.

García Pérez no es víctima, entonces, de ninguna campaña denigratoria. Es víctima de su propio accionar, del que tarde o temprano tendrá que dar cuenta. Como dicen los ingleses, la sangre es más densa que el agua. Y perdura por eso mucho más en la memoria de los pueblos.