Injerencia de EEUU

La sociedad de la DES información

Florencia Beloso (Cetedo)

Por Florencia Beloso
El rol de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ayer en dictaduras y hoy en democracias.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no es una entidad que actúe en "defensa de la libertad de expresión" sino y según lo demuestra su historia incluso en documentos desclasificados de la CIA, es una institución recreada por Estados Unidos con el objetivo de desprestigiar desde su palabra legitimada como "verdadera" y "objetiva" a los gobiernos de corte socialista, acusándolos de violar la "libertad de expresión" en sus países. Es un órgano de prensa que a través de una supuesta imagen "seria" carga desde siempre contra los procesos políticos que intentan cambiar el rumbo de la región y por otra parte, apoya a los continuadores y cómplices en democracia, de los antaño gobiernos dictatoriales que ejercieron el poder en América Latina.

La entidad fue diseñada en la Primera Conferencia Panamericana de 1889 y tuvo su primer bautismo en La Habana en 1943.
Pero en 1950 fue "refundada" y quedó conformada tal y como se la conoce hoy, sin la participación de las pocas publicaciones de izquierda que inicialmente habían sido incluidas en la entidad. Fue entonces, cuando la CIA se hizo cargo del funcionamiento de la SIP en América Latina. Y fue necesario reformar los estatutos de la institución, arrebatándole a Cuba la sede permanente para radicarla en Nueva York.

"Cada vez que un político critica la actuación sesgada de los medios de comunicación, sus manipulaciones y la actitud desestabilizadora del poder, los propietarios de los 'mass media' reaccionan furiosos en defensa, dicen, de 'la libertad de expresión', montan berrinche y acuden a sus organizaciones matrices como la SIP" (1). De esta manera, acuden a la entidad y comienzan campañas en contra de los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Ortega, entre otros. Asimismo, van cooptando la atención de intelectuales y otros periodistas, aliados que terminan apoyando estos "blancos" de desestabilización. Hay casos concretos como el conocido hace poco tiempo (enero de 2009) del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal –Ministro de Cultura durante el primer gobierno sandinista (1979-1990)- quien con sus declaraciones contrarias al gobierno de Daniel Ortega ha sorprendido a los sandinistas así como también a otros partidos de izquierda de América Latina. Cardenal se reunió con el director de la SIP, Enrique Santos Calderón para manifestarle su preocupación por el estado de la libertad de prensa en su país. Santos Calderón es co-director del periódico "uribista" de Colombia El Tiempo y hermano del Vicepresidente y del Ministro de Defensa de ese país.
En la reunión hablaron sobre la "preocupante situación de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua". Por entonces, Santos Calderón, mostraba inquietud por "los casos que hemos escuchado con periodistas que nos dejan muy inquietos en relación con si el futuro de la libertad de prensa tiene un horizonte garantizado, si el Gobierno va a continuar con su plan de agresividad contra los medios”.

El presidente de la SIP advertía el aumento de la violencia física contra periodistas, particularmente, en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Honduras, sin mencionar los gravísimos episodios ocurridos en Colombia con los periodistas que deben exiliarse por no estar de acuerdo con la política de Uribe, los que desaparecieron y los que fueron asesinados.

El caso de Colombia da cuenta de cómo actúa la SIP, ignorando las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que se cometen en ese país. Al menos 70 periodistas fueron asesinados en Colombia en los últimos 30 años y cientos más amenazados de muerte por grupos paramilitares a través de diversos métodos intimidatorios.

¿Ante esto que hace la SIP? Nada, sin embargo, en su 64 ª Asamblea General (Madrid, octubre de 2008) determinó que existe una fuerte hostilidad de algunos gobiernos latinoamericanos con la prensa, aplicando la violencia física contra los periodistas y el uso por parte de los gobiernos, de fondos públicos para presionar y sobornar la actividad periodística. Concluyó, por entonces, que el episodio más grave registrado había sido el asesinato de ocho periodistas en Bolivia y otros en Ecuador, Guatemala, México y Venezuela y que la violencia se había disminuido en Colombia, reconociendo que existe pero mintiendo en cuanto a la supuesta "disminución" de la misma (2).

En los últimos años se han ido incrementado las críticas de la SIP hacia algunos gobiernos de la región como en 2005 el ex presidente de esta entidad, Danillo Arbilla (Jefe de prensa de la última dictadura uruguaya), acusó al gobierno del entonces presidente de Argentina Néstor Kirchner de manejar publicidad de manera selectiva y tratar con desconsideración a los medios de comunicación. En 2006 la SIP advertía el riesgo que corría la libertad de prensa en Bolivia "ante el propósito de apoyar la formación de una red de medios comunitarias, a pesar de que estos medios constituyen una herramienta para la democratización de las comunicaciones, a través de la gestión de las propias comunidades" (3). Otras de las fuertes condenas de la SIP fue para Venezuela, país en el que se estaría aplicando según la entidad de prensa, el modelo de "propaganda negra" que haría peligrar la libertad de expresión. Sin embargo, la SIP nunca se manifestó en contra del silencio informativo que los medios aplicaron en el golpe de abril de 2002, censurando a la mayoría de las informaciones provenientes del gobierno de Hugo Chávez. Tampoco repudió el accionar de la prensa en los sangrientos episodios en Sucre, Bolivia en noviembre de 2007, cuando por entonces, los medios generaron un clima adverso a los constituyentes del Movimiento al Socialismo (MAS-partido oficialista), alentando de esta manera la violencia en las calles y generando una fuerte hostilidad contra el gobierno de Morales.

A través de documentos desclasificados de la CIA se conoció la vinculación de la SIP con regímenes dictatoriales que reinaron en la región. Fueron los casos de Danillo Arbilla, el dominicano Germán Ornés, quien fuera presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP que enviaba cartas preocupadas al presidente chileno Salvador Allende por falsas violaciones a la libertad de prensa. "Quizás haya sido el caso chileno el más emblemático de acción desestabilizadora de la SIP en el marco de su campaña sucia contra el gobierno de Allende, derrocado en 1973. 'Guiados por la CIA, los medios opositores chilenos, con el diario El Mercurio a la cabeza, no podían responder a la petición de Allende de informar en forma objetiva y mantener con hidalguía sus puntos de vista' de esta manera, se dedicaron a difundir falsedades y a intentar dar una imagen de persecución a la prensa, echándole leña al fuego en el que cocinarían la dictadura pinochetista. De allí, que Allende reclamara, el 12 de febrero de 1973: 'Nos hemos visto obligados a señalar la falta de autoridad moral y el interés tergiversado de aquellos que se cobijan en la Sociedad Interamericana de Prensa. No nos inquieta la crítica. No sólo la aceptamos, sino que la reclamamos' (4) . Otros documentos dan cuenta de la vinculación de la SIP con el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, ocurrido en 1954, y las acciones contra el gobierno sandinista en Nicaragua denunciadas por periodistas de ese país en 1981 y que aún continúan "trabajando" en ese país.

Por estos días, la SIP manifestó su apoyo al periódico argentino Perfil que denunció al gobierno de no otorgarle pautas publicitarias, así como también al periodista Nelson Castro luego del levantamiento de su programa en radio Del Plata. Al parecer la decisión de los directivos de la emisora fue tomada luego de hacerse pública una denuncia contra la empresa constructora Electroingeniería cuyos propietarios, según Nelson Castro serían empresarios cercanos al oficialismo. Sin embargo, otros periodistas que trabajan en la radio y diariamente muestran su disconformidad con el gobierno de Cristina Fernández han renovado sus contratos para todo 2009. Hace tiempo que el periodista Nelson Castro viene denunciando que el gobierno tiene una "lista negra". "Hay periodistas que el gobierno quiere eliminar. No sé si sus nombres fueron escritos o no, pero la lista está en la mente del matrimonio presidencial" advirtió Castro. La SIP apoya a la prensa contraria al gobierno que sin tener suficientes pruebas y hasta en algunos casos prescindiendo de las mismas, denuncia públicamente y acusa al estado de censura y corrupción. Pero la SIP no se solidariza con los trabajadores del colectivo "La Voz Sudamericana" que fueron expulsados recientemente de la emisora Radio Mágica, propiedad de Mario Kaminsky y dirigida por Mauro Viale, que le quitaron la frecuencia debido al repudio pronunciado por la emisora al ataque que el Estado de Israel perpetuó contra la Franja de Gaza. Este fue un claro caso de censura. "Cuando los grandes medios se rasgan las vestiduras por el despido de Nelson Castro de Radio del Plata, la radio 'La voz sudamericana' fue cerrada y hay serias denuncias de censura por parte de las organizaciones sociales que alquilaban el espacio" dice el comunicado del colectivo afectado.

Mientras tanto, la SIP prepara su informe sobre el funcionamiento de los medios en América Latina que presentará en la 65 ª Asamblea General en noviembre próximo en la Ciudad de Buenos Aires. Habrá que esperar el diagnóstico que claramente será negativo para la región.


(1)Gironda Eusebio; El poder de los indios; pág 177 , 178; La Paz , Bolivia; 2008.

(2) Fuente: Diario ABC de Paraguay, Miércoles 8 de octubre de 2008.

(3) Los amos de la SIP; en Rebelión; Marzo de 2008.

(4) Idem.