Avances en la justicia

Mariano Molina

URUGUAY
Por Mariano Molina
En el mes de febrero el Parlamento del Uruguay se pronunció favorablemente a declarar inconstitucional la Ley de Caducidad en el caso de la militante Nibia Sabalsagaray, asesinada por la dictadura.

Este hecho ha tenido fuertes repercusiones, pero es importante comprender cómo se llega a esta declaración, que tiene más de simbólico que de intervención real en contra de la ley de impunidad.

En el año 1989 la sociedad uruguaya, mediante un plebiscito, decidió no juzgar a los militares que habían torturado, asesinado y desaparecido a ciudadanos uruguayos durante la dictadura militar que comenzó en 1973 y terminó en 1985, apoyando la Ley de Caducidad.

Esta Ley establece que “se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985”. Sin embargo, la Ley permitía el juzgamiento de casos que se consideraban fuera de la misma, y permite en su artículo N°4 que el gobierno -mediante pedido judicial- investigue los casos que consideren, en pos de la búsqueda de la verdad. Uno de los casos más resonantes que entran en este artículo es el de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman.

Hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno, la complicidad de colorados y blancos con los crímenes de la dictadura hizo imposible todo tipo de juzgamiento e investigaciones a militares, excepto el caso de María Claudia García de Gelman. El Frente Amplio siempre respetó la voluntad popular y planteó que sólo con otro plebiscito se podría derogar la Ley de Caducidad.

Desde el año 2005 diversos casos que no entraban en la Ley de Caducidad comenzaron a tomar forma en los tribunales y los militares empezaron a ser citados por la justicia y algunos están encarcelados. El caso de Nibia Sabalsagaray llega al parlamento por el planteo realizado por la fiscal Mirtha Guianze ante la Corte Suprema de Justicia. La fiscal entendía que el caso no entraba dentro de la Ley de Caducidad y solicitó, en al año 2008, la declaración de inconstitucionalidad en este caso particular.

A través de este pedido, la Corte Suprema del Uruguay consultó con los otros poderes de la nación sobre la declaración de inconstitucionalidad. El Poder Ejecutivo acompañó este pedido y quedó pendiente el debate en el Poder Legislativo.

La Asamblea Legislativa del Uruguay debatió y declaró, el pasado 25 de febrero, la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso de Sabalsagaray. Las repercusiones que ha tenido el caso se deben –fundamentalmente-a que por primera vez el parlamento debate este tema. En el año 2004 la Suprema Corte de Justicia hizo el mismo pedido en el citado caso de la nuera del poeta Juan Gelman, pero el entonces vicepresidente Luis Hierro López (presidente de la Asamblea Constitucional) no dio cuenta al parlamento del pedido.

Esta declaración de inconstitucionalidad, según declara la fiscal del caso, “no es ni preceptivo ni vinculante” y obedece a la consulta entre los diversos poderes de la nación. Lo que sucede es que este tipo de hechos legitima y respalda el papel de la justicia.

En el debate de la Asamblea Legislativa los representantes blancos -la segunda fuerza política del país- han preferido no participar y se retiraron de la sesión. El mismo camino siguieron los colorados y sólo dos votos en contra tuvo esta declaración de inconstitucionalidad: la del Partido Independiente y la del diputado colorado Daniel García Pintos, identificado plenamente con la dictadura militar.

Todo este debate y el voto de Asamblea Legislativa tienen un fuerte contenido simbólico y marca un paso muy importante en la lucha contra la impunidad en el Uruguay. En medio de la recolección de firmas para convocar a un plebiscito que pueda derogar la Ley de Caducidad, esta declaración ayuda favorablemente y da la pauta que con la participación e insistencia de los grupos de derechos humanos y organizaciones sociales, la bancada frenteamplista y el gobierno pueden animarse -en un segundo período de gobierno- a pelear por la derogación de la Ley y los consecuentes juicios a los responsables militares y civiles de la dictadura.

Actualmente, la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad ya superó la mitad de firmas necesarias para convocar a un nuevo plebiscito y sus impulsores confían en llegar a las 250 mil, el número necesario para que dicha convocatoria pueda ser efectiva. El plazo finaliza el 25 de abril y la campaña tiene el respaldo de la central de trabajadores Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y Convención Nacional Trabajadores (CNT), diversas organizaciones sociales y la gran mayoría del Frente Amplio.